El escenario posterior a Covid-19 indica una mayor regulación y compliance en América Latina

Los riesgos de la pandemia

México, pionero en la reglamentación de las criptomonedas en la región, también ha comenzado a discutir los cambios en la Ley ALD de 2012, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas y aumentar la transparencia. La legislación se está actualizando para que los fideicomisos no se utilicen para encubrir actos de corrupción y sus beneficiarios finales sean claramente definidos.

Antes de la pandemia, las autoridades mexicanas incluyeron el intercambio de activos virtuales (cripto activos) entre actividades vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Desde septiembre de 2019, las transacciones con valor de US$ 2,3 mil o más deben informarse a las autoridades, además de identificar a los usuarios y actualizar su información de acuerdo con el patrón de actividades vulnerables.

Cuando medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19 empezaron a ser tomadas, México y Chile anunciaron canales de comunicación virtual y orientaron a las empresas a documentar cualquier demora que resulte de dificultades para cumplir con las obligaciones legales de AML.

Las autoridades mexicanas también han facilitado la adopción de programas de auto reglamentación para actividades vulnerables practicadas durante el período pandémico, hasta que finalicen las medidas de contingencia. En Argentina, la Unidad de Inteligencia Financiera instruyó a los bancos a priorizar los informes sobre actividades sospechosas, con especial atención al financiamiento del terrorismo.

La alerta emitida en abril por el Financial Action Task Force of Latin America (Grupo de Acción Financiera de América Latina)  (GAFILAT), la sección regional del Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera (FATF) que tiene 16 de los 20 países latinoamericanos como miembros, pidió una estrecha colaboración entre el sector privado y las autoridades reguladoras contra amenazas y vulnerabilidades creadas por la nueva situación mundial.

Brasil: Obligaciones de compliance aumentam a partir de octubre

Dentro de tres meses, en octubre de 2020, entrará en vigencia la nueva reglamentación del Banco Central de Brasil para prevención del uso del sistema financiero para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y los informes de transacciones sospechosas. La nueva legislación actualiza las reglas de 2009 y está en línea con las últimas definiciones y actualizaciones del GAFI y la Directiva de la UE 2015/849 (revisada por la Directiva de la UE 2018/843).

Especialistas evalúan que la nueva reglamentación aumenta significativamente las obligaciones que cubren varios aspectos del compliance y llega a las instituciones financieras que operan en Brasil, nacionales o extranjeras, que deberán adoptar políticas específicas para analizar el riesgo de movimiento financiero de Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Con previsión para julio, la validez de las nuevas reglas para el sector financiero en Brasil se retrasó hasta octubre debido a las dificultades operacionales impuestas por la pandemia de Covid-19.

Dado el objeto de la nueva reglamentación, las entidades deberán revisar significativamente las políticas y procedimientos existentes. Los nuevos procedimientos exigirán la calificación del cliente por parte de las instituciones financieras, seguido de monitoreo, selección y análisis de situaciones que pueden considerarse atípicas para información posterior a las autoridades. El perfil de riesgo del cliente deberá tenerse en cuenta en la evaluación interna de riesgos de los bancos.

Para el abogado Pierpaolo Cruz Bottini, profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP) y coautor del libro “Lavagem de dinheiro” (Lavado de dinero), la circular del Banco Central mejora el compliance y las obligaciones de las instituciones financieras. "La dificultad para rastrear el camino del dinero y la facilidad de movimiento son sólo dos de los desafíos que las monedas digitales traen a la lucha contra el delito de lavado de dinero", evalúa. Aunque no se han abordado temas como las monedas virtuales, la privacidad y la protección de datos, los cambios son considerables y la nueva legislación brasileña es un paso en esa dirección, afirma.

Las autoridades brasileñas han estado ajustando sus políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MLTF, en la sigla en inglés) desde mediados de 2019, cuando la Hacienda Federal determinó la declaración mensual de todas las transacciones de criptomonedas, de acuerdo con la Instrucción Normativa 1888/19. Es la primera vez que los activos de cripto activos se regulan en el país bajo la perspectiva del Fisco.

Desde principios de 2020, también está en vigor el nuevo marco para MLTF en el mercado de valores brasileño, lo que determina la adopción del Enfoque Basado en el Riesgo como el principal instrumento de gobernanza en las empresas en asuntos relacionados con delitos financieros. En línea con las prácticas ya adoptadas en los principales mercados mundiales, la nueva legislación también prevé la preparación periódica de una evaluación interna de riesgos para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La base de datos del World-Check Risk Intelligence de Refinitiv abastece informaciones precisas y confiables y puede ayudarlo a cumplir sus requisitos de monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEPs). Los algoritmos ejecutados en los datos de UBO pueden simplificar significativamente cuestiones complejas de compliance, como el barrido de sanciones y nuevas reglas.

Con ayuda del Screening Resolution Service, es posible hacer combinaciones positivas y posibles para cualquier programa de identificación de clientes, detectando individuos y empresas de alto riesgo, incluso actividades de monitoreo dirigidas a identificar actividades sospechosas pueden optimizarse para ser más efectivas y eficientes.

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