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CYBER CRIME

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Tecnología financiera y regulación

18 de Septiembre de 2020

El desarrollo de un mejor compliance involucra varios desafíos en América latina. En este contexto la llegada de las fintechs a la región abre oportunidades para diseñar modelos innovadores en el sector financiero como así también la posibilidad de integración de procesos que hoy generan riesgos diversos en el sector corporativo.

La transformación tecnológica y digital es uno de los grandes retos al que se enfrenta actualmente la mayoría de las empresas y las áreas destinadas al cumplimiento normativo (compliance). El nivel de exigencia por parte de las autoridades y organismos regulatorios es cada vez mayor y el impacto de la regulación es más intenso que nunca, incluyendo sanciones de alto volumen económico que pueden llegar a comprometer en ocasiones la viabilidad de una compañía. El compliance dejó de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y pasó a ser un requisito e integrar la estrategia de las compañías y sus estructuras internas a fin de dar cumplimiento a los preceptos legales y protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.

En este sentido existe consenso generalizado entre las compañías ya establecidas y las start up en pleno crecimiento que el compliance llegó a la región para quedarse. “Hoy vemos que esto es un tema central para todas las compañías que operan en más de una jurisdicción y se encuentran con esa diversidad normativa en cada uno de los países, ya sea en América como Europa, explicó la especialista Jimena Alguacil, directora de Compliance sin frontera, en un reciente webinar organizado por Refinitiv.

Según señaló Alguacil, “sobre América latina pesa un fuerte reclamo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en temas de compliance y de incorporar normativa en materia de responsabilidad de la figura jurídica”. Asimismo, la circulación de flujos financieros impone un reto no sólo para los organismos públicos, sino también para los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, que se convierten en ocasiones en actores involuntarios en el proceso de blanqueo de fondos que provienen de actividades delictivas. El FMI, por ejemplo, estimó que el crimen organizado mueve al año el equivalente al 3,6% del PIB mundial y la mayor parte de ese volumen acaba siendo blanqueado dentro del sistema financiero.

De esta manera dentro del sector de compliance surgió el concepto de regtech (unión de los términos en inglés regulation and technology) y que no es más que la adopción de nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de requisitos regulatorios. De acuerdo a la mirada de los especialistas este concepto va más allá de la mayor rapidez en el cumplimiento normativo. Suponen también mayor eficiencia y menores costos dedicados a compliance, mayor precisión en el reporting del cumplimiento regulatorio, facilidad para identificar riesgos proactivamente antes de incurrir en una brecha normativa y escalabilidad de los sistemas de gestión de riesgos de las empresas

En el marco del mismo encuentro virtual, Federico Repond (CTO de Poincenot Tech Studio) estudio de tecnología que desarrolló la plataforma de Regtech ,trak.e , la cual utiliza Mercado Libre para Mercado Pago la compañía más grande de Argentina. Explicó que hoy las fintechs usan tecnologías como el big data, la inteligencia artificial, la biometría, el machine learning o el blockchain para automatizar y mejorar el proceso de cumplimiento normativo o calcular el riesgo crediticio al dar de alta un nuevo cliente. En este sentido Repond ofreció un ejemplo: “A través de Mercado Pago se realizan altas de 6.000 legajos de nuevos clientes por día, que deciden invertir parte de su capital dentro de la plataforma. Sin la tecnología, esto sería inviable porque implicaría una carga manual de 6.000 perfiles cada día”.      

Asimismo, Luis Cárdenas, responsable de la Asesoría jurídica y de Gobierno Corporativo de Banco Sabadell de México, señaló durante el webinar que “existen hoy día en el mercado herramientas tecnológicas especializadas en la función de compliance que permiten, tanto a grandes corporaciones como pequeñas y medianas empresas, proteger su negocio desde el punto de vista legal y reputacional”. Esto es así gracias al desarrollo por parte de empresas especializadas, que cuentan con gran conocimiento de la normativa existente y son expertas en tratar grandes volúmenes de información y bases de datos de ámbito mundial y que, apoyadas en algoritmos de cálculo y motores de búsqueda, permiten crear procesos de conocimiento de clientes cada vez más eficientes.

En la mayoría de los países de América latina la regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece qué sujetos están obligados a cumplir con una serie de medidas de debida diligencia (due dilligence) sobre sus clientes y proveedores en función del nivel de riesgo de cada uno de ellos. Este proceso que se conoce como on-boarding también obliga a los sujetos a monitorear y mantener actualizada la información obtenida de cada uno de sus clientes ante cualquier cambio producido.

A la hora de realizar estos procesos es donde disponer de la tecnología necesaria puede facilitar a las compañías la función de compliance, mediante informes específicos de due diligence que permitan de forma rápida y eficaz la identificación de sus clientes hasta llegar a sus últimos beneficiarios, algo que cada vez se torna más complicado ya que los entramados societarios son cada vez más complejos. Estas plataformas tecnológicas trabajan online y en tiempo real alertando ante cualquier cambio producido en la cadena de valor de la compañía.

Las entidades que son susceptibles de verse relacionadas con actividades de blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo pueden acceder a sistemas de información actualizada en tiempo real para establecer el nivel de riesgo de clientes o proveedores, rastreando sus antecedentes en lo referente a listados oficiales de sanciones e información de personas expuestas políticamente.

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