Green crime, materia pendiente de compliance

América latina es una de las regiones del mundo con mayor impacto de los denominados delitos ambientales. El tema está en la agenda corporativa por la relación con su cadena de proveedores y es observado en detalle por los inversores para combatir el delito financiero. Todos los especialistas coinciden que la lucha contra el green crime comienza con buena información.

Hay consenso suficiente entre el mundo corporativo y el sistema financiero para señalar que los delitos ambientales y el incumplimiento de las regulaciones para prevenir daños al medio ambiente están estrechamente relacionados con la corrupción, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales. El denominado green crime afecta a las cadenas de proveedores, representa un peligro para la seguridad en todo el mundo y amenaza el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad establecidos por la ONU.

Según una investigación conjunta de Interpol y la UNEP (United Nations Environment Program) el delito ambiental moviliza $ 258 mil millones de dólares al año, siendo los delitos contra la vida silvestre una de las cinco actividades ilícitas más lucrativas después de las drogas ilegales, el tráfico de personas y armas. En este contexto La Unión Europea incluyó los delitos ambientales como un delito determinante en la sexta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (6AMLD). Y las nuevas prioridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) están centradas en el comercio ilegal de vida silvestre.

Interpol y Europol reconocen los vínculos entre la delincuencia ambiental y el delito organizado transnacional y el terrorismo. Según estas instituciones policiales la explotación de recursos naturales por redes criminales, a menudo en áreas de conflicto, representa una amenaza para la paz y la seguridad. Esta situación obliga al mundo corporativo a prestar más atención a los procesos de debida diligencia en la gestión de la cadena de proveedores que tiene en cuenta los delitos de impacto ambiental.

Sin embargo, las multas y sanciones dirigidas a esta actividad ilícita son mucho menores que las relacionadas, por ejemplo, con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dadas estas disparidades el debate se centra en volver a calibrar los regímenes legislativos y de sanción actuales para tener en cuenta el daño causado por estos delitos y el riesgo que presentan para las generaciones futuras.

En este contexto y más allá de la necesidad del trabajo conjunto entre organismos e instituciones públicas y privadas, la tecnología y el acceso a los datos tienen un papel crucial en la lucha contra el denominado green crime. Estas redes de delitos a menudo utilizan estructuras comerciales legales y modelos complejos de propiedad comercial para ocultar su actividad ilícita y su capacidad para hacerlo a menudo se ve facilitada por enfoques laxos de la debida diligencia. Una investigación llevada a cabo por Refinitiv señala que más del 40% de las empresas no analizan adecuadamente las relaciones con terceros, especialmente en la cadena de proveedores.

Hay disponibles herramientas y recursos que grandes bases de datos para ayudar a encontrar estructuras de propiedad complejas, analizar conexiones de red y seleccionar entidades de acuerdo con las regulaciones de todo el mundo. En este contexto, Refinitiv agregó una nueva unidad especializada en simplificar la diligencia debida de los proveedores. A través de los resultados de las investigaciones se encontró que en algunos eslabones de la cadena de suministros había trabajo esclavo, falsificación de documentos, delitos ambientales y licencias de actividad caducadas.   

Con acceso a esta información a través de datos estructurados, las compañías fortalecen sus propios programas corporativos de debida diligencia y se aseguran de que sus empleados estén capacitados en la temática. A medida que se incorpora la inteligencia artificial y machine learning se mejora el potencial para descubrir y predecir riesgos ocultos en las relaciones comerciales y las redes humanas de una corporación. De esta manera, los informes de debida diligencia brindan detalle y verificaciones de antecedentes de cualquier entidad o individuo, independientemente de su ubicación.

Por su parte, los inversores que adoptan un enfoque basado en el riesgo para evaluar el nivel de debida diligencia necesario para respaldar sus inversiones tienen cada vez más en cuenta el impacto ambiental de estas empresas. Enhanced Due Diligence ayuda a los inversores formar una imagen completa del riesgo porque ofrece información detallada. Con la información correcta, los inversionistas se aseguran de no involucrarse inadvertidamente con entidades relacionadas en delitos financieros y / o ambientales, sino que tienen un mapeo del impacto ambiental de sus inversiones potenciales.